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LA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS EN LA DEBIDA DILIGENCIA DE LAS EMPRESAS
La implementación de procesos de debida diligencia facilita la instalación de un enfoque preventivo en las empresas, que se apoya en el compromiso al más alto nivel de políticas empresariales de conducta empresarial responsable. Estas políticas logran integrarse a la organización cuando las empresas llevan a cabo un ejercicio continuo de identificación de riesgos provenientes de sus actividades y operaciones, pero también de aquellos a los que contribuyen a través de sus relaciones comerciales, por ejemplo, y especialmente, a través de su cadena de suministro.
Así, gracias a este ejercicio las empresas pueden identificar los grupos y personas cuyos intereses y derechos pueden verse afectados por esos riesgos, de manera de proceder a tomar acción para prevenirlos, mitigarlos, remediarlos y alertar sobre su ocurrencia, real o potencial.
Es interesante considerar que, dado que los riesgos pueden afectar negativamente a las personas (trabajadores, vecinos, comunidades, proveedores, clientes, etc.), la participación de estas en el proceso de debida diligencia resulta necesaria, por ejemplo, para identificar impactos y definir la forma de abordarlos, contribuyendo a su mayor eficacia.
Los organismos internacionales coinciden en el valor que introduce el involucramiento de las partes interesadas en el proceso de debida diligencia. Por ejemplo, la reciente actualización de las Líneas Directrices de la OCDE en 2023 fortaleció la recomendación relativa a la participación significativa en el marco del proceso de debida diligencia, señalando que tiene que ser oportuna, accesible, adecuada y segura, además de eliminar lo que pudiese obstaculizar la participación de grupos en situación de vulnerabilidad o marginación.
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