Las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable de la OCDE, entregan recomendaciones a las empresas para que su comportamiento no derive en impactos negativos sobre una diversidad de ámbitos sociales, laborales y medioambientales.

Por su parte, los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas son un conjunto de directrices que orientan tanto a los Estados en su labor de protección a los derechos humanos, como a las empresas en su deber de respetarlos.

En tanto, la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de la OIT, brinda orientación dirigida directamente a las empresas sobre política social y prácticas inclusivas, responsables y sostenibles en el lugar de trabajo.

  

Estos tres instrumentos reúnen los principales estándares internacionales de responsabilidad corporativa, con orientaciones y recomendaciones a las empresas, incluida la expectativa que implementen la debida diligencia con la finalidad de prevenir y mitigar los impactos negativos - reales o potenciales - generados por sus propias actividades, su cadena de suministro y otras relaciones comerciales, mas no constituyen obligaciones para ellas.

En consideración de aquello, durante los últimos años se ha observado una clara tendencia o aspiración de algunos países a enfocar sus esfuerzos en la superación de este estado actual de voluntariedad y transitar del soft law al hard law. En concreto, se trataría de pasar de un conjunto de estándares de naturaleza recomendatoria y promocional para las empresas, a otro jurídicamente vinculante, mediante la implementación de directivas, regulaciones o leyes.
 

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